En El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu advirtió que, si no tiene límites, quien ejerce el poder tiende a excederse. Esta reflexión sigue siendo fundamental para entender la vida democrática actual, porque nos recuerda que la libertad depende de que existan contrapesos capaces de impedir que la autoridad actúe sin vigilancia.
Lo anterior viene a cuento a propósito de lo que esté ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral (INE). Los señalamientos acerca de presuntos gastos excesivos, contrataciones cuestionables y posibles favoritismos no pueden ni deben manejarse como simples asuntos administrativos.
También obligan a reflexionar sobre la responsabilidad de administrar los recursos públicos a la altura de la encomienda que implica el servicio público. Cada peso gastado proviene del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos. La transparencia, la austeridad y la mesura deben funcionar como límites frente a los excesos y como garantías de confianza para el pueblo.
Si bien el INE atraviesa un momento complejo debido a dichos señalamientos, las responsabilidades concretas deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes; sin embargo, la percepción pública ya representa un desafío que no puede ignorarse.
La democracia también necesita la certeza de que quienes organizan los comicios actúan con imparcialidad, austeridad y responsabilidad. Cuando la ciudadanía escucha sobre presuntos gastos excesivos o decisiones que parecen favorecer intereses particulares, la confianza se debilita y, sin esa confianza, la legitimidad de cualquier sistema electoral queda comprometida.
En el terreno constitucional, las atribuciones están definidas: la Cámara de Diputados tiene la facultad de designar a quien preside el Consejo General del INE, y hay legislación que establece los procedimientos para cubrir vacantes, investigar irregularidades y determinar responsabilidades.
La ley precisa los mecanismos aplicables, desde la designación provisional ante una ausencia definitiva hasta los plazos improrrogables de las convocatorias y las evaluaciones; asimismo, ofrece una ruta clara para actuar. Pero ninguna disposición puede sustituir la ética cotidiana ni la convicción de que un cargo público es una responsabilidad, no un privilegio.
Los señalamientos recientes deben llevarnos a examinar algo más profundo que una serie de decisiones administrativas. Nos obligan a revisar las prácticas de una institución que debe recordar permanentemente de dónde provienen sus recursos y para qué existen.
La austeridad es un principio de justicia y la mesura es igualmente importante. En un órgano colegiado como el INE, ninguna consejería debería perder de vista que su responsabilidad consiste en contribuir a garantizar elecciones equitativas. Cuando esa obligación queda en segundo plano, las diferencias pueden convertirse en disputas públicas, las filtraciones contribuyen a la confrontación y los posibles favoritismos terminan por desgastar a toda la institución.
Para investigar y sancionar las irregularidades administrativas, existe el Órgano Interno de Control, que puede iniciar procedimientos de oficio, solicitar documentación, realizar auditorías extraordinarias y, cuando corresponda, imponer sanciones. Sin embargo, su eficacia depende también de que trabaje con independencia y seriedad. Un marco jurídico sólido pierde fuerza si quienes deben aplicarlo buscan atajos o recurren a tecnicismos para justificar conductas indebidas.
Por eso, la transparencia debe entenderse como una práctica permanente, no como un trámite que se cumple para salir del paso. La ciudadanía necesita reconocer en el INE a un árbitro imparcial, comprometido con la equidad electoral, en lugar de una institución donde parece haber privilegios.
En este contexto, la Cámara de Diputados tiene una doble responsabilidad. Por una parte, debe garantizar que cualquier sustitución en la presidencia del INE se realice conforme a la Constitución mexicana, mediante procedimientos públicos y plazos claros. Al mismo tiempo, debe sostener un mensaje firme: la austeridad y la transparencia no son negociables. La insaculación, las evaluaciones y las votaciones por mayoría calificada contribuyen a asegurar la legalidad de los nombramientos; la legitimidad, en cambio, también depende de que la ciudadanía tenga motivos para confiar en las personas elegidas y de que no exista tolerancia frente a los excesos.
El pueblo de México merece instituciones sobrias y conscientes de que sus decisiones repercuten en la credibilidad de nuestra democracia. Y no basta con cumplir formalmente la ley, pues es necesario actuar con honestidad y responsabilidad. Las normas son indispensables, pero adquieren verdadero sentido cuando se traducen en prácticas que respetan la confianza depositada por la población.
El INE necesita demostrar con hechos que la transparencia guía su actuar. La austeridad tiene que notarse en los gastos; la mesura, en las decisiones, y la rendición de cuentas, en cada acto relevante. Las instituciones perduran cuando sus prácticas corresponden a los valores de la sociedad que las sostiene.
En México, la justicia, la equidad y la honestidad deben orientar el servicio público. Si el INE aspira a conservar su lugar como árbitro confiable de la democracia, tendrá que demostrar que está dispuesto a conducirse bajo esos principios. No hay justificación para el dispendio ni para los favoritismos. La transparencia es indispensable para preservar la confianza ciudadana.
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